El 6 de octubre el presidente Joe Biden proclamó la concesión del indulto por el delito de posesión simple de marihuana a “todos los ciudadanos estadounidenses actuales y los residentes permanentes legales que cometieron el delito de posesión simple de marihuana”, dice el comunicado, dejando por fuera a inmigrantes.
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, de mayoría conservadora, se pronunció este verano sobre los casos de Garland v. Alemán Gonzalez y Patel v. Garland, confirmando lo que los defensores de inmigrantes temían: la Corte socavaría la capacidad para impedir que el gobierno infrinja la ley con algunos inmigrantes.
Para el informe titulado “Inside the World of Misinformation Targeting Migrants on Social Media” (Dentro del mundo de la desinformación dirigida a los migrantes en las redes sociales) se entrevistaron a 200 inmigrantes que hablaban español y maya: 100 en Guatemala, al comienzo de su viaje hacia el norte, y otros 100 en refugios en la frontera entre Estados Unidos y México.
Por semanas City Limits ha hablado con varias familias latinoamericanas que entraron en el sistema de albergues de la ciudad después de entrar a los Estados Unidos por la frontera del sur. El alcalde Eric Adams ha acusado a Texas y Arizona de enviar a los inmigrantes recién llegados a la ciudad, algo que los gobernadores de ambos estados han negado. Las familias que hablaron con City Limits dijeron que llegaron aquí con ayuda de organizaciones sin ánimo de lucro.
Durante esta primera década, más de 8250.000 personas se han beneficiado del programa de DACA y en la actualidad unos 611.470 personas lo tienen, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).
Según el informe, el número de personas en la aplicación móvil SmartLink del programa ISAP aumentó del 12 por ciento al 76 por ciento y oficinas de campo de ICE en ciudades como Baltimore, Dallas, Nueva York y Phoenix, vieron casi un 1000 por ciento de crecimiento en el número de personas en SmartLink.
“Los inmigrantes están forzados a vivir en un sistema con restricciones arbitrarias que nos impiden avanzar nuestra educación, de obtener una carrera estable, y proveer para nuestras familias. Mientras tanto, nuestra comunidad es el conductor clave para la economía estatal.”
“Actualmente no existe el derecho a la defensa pública en los procedimientos de inmigración, pero contar con un abogado para navegar por este sistema notoriamente complicado hace avanzar la causa de la justicia”.
La administración Biden ha revocado o eliminado 235 políticas sobre inmigración de las 1.059 políticas puestas en marcha por el expresidente Donald Trump.
En abril, la OTDA emitirá pagos adicionales para comida de $730 dólares a los hogares que tienen tanto un adulto de 55 años o más como un niño de 17 años o menos que estén inscritos en el programa SNAP. La gobernación calcula que aproximadamente 26.300 hogares recibirán estos pagos únicos.
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