Una sección de Una Ciudad sin Límites
El pasado 13 de junio, la administración de Joe Biden anunció derogó la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) del expresidente Donald Trump, prolongando el estatus legal por 18 meses para más de 300.000 titulares de TPS de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua.
La administración del alcalde Eric Adams se ha embarcado en una estrategia de descompresión para liberar espacio en los refugios locales de la ciudad enviando inmigrantes a otros condados y ciudades del estado de Nueva York. En Albany, donde más de 230 inmigrantes fueron reubicados en las últimas semanas, las organizaciones comunitarias dicen que ya están al límite.
El objetivo de la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA por sus siglas en inglés) es que la entrega de los apartamentos se produzca en 30 días. Sin embargo, en abril, NYCHA tardó una media de 410 días en volver a ocupar un apartamento desocupado, lo que supone un aumento significativo desde principios de año, y más del doble que hace un año.
Fuentes familiarizadas con el plan dicen que la ciudad busca abrir 950 camas de refugio en sitios administrados por docenas de organizaciones religiosas en los próximos meses.
En todo el sistema de la City University of New York (CUNY por sus siglas en inglés), donde más de un tercio de los estudiantes de pregrado nació fuera de los Estados Unidos continentales, solo hay dos Immigrant Student Success Center (Centros para el éxito de estudiantes inmigrantes) a pesar de tener una población de más de 5,000 estudiantes indocumentados.
Liego de que se levantara el Título 42, según el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del DHS, Blas Núñez-Neto, las autoridades fronterizas han registrado una disminución del número de cruces de migrantes de todas las nacionalidades de más del 56 por ciento.
El alcalde defendió la medida y dijo que la ciudad tenía pocas opciones mientras lucha por mantenerse al día con una población en refugios en aumento. Pero los defensores dicen que el cambio socava la red de seguridad social de la ciudad y las protecciones para garantizar que las familias sin hogar con niños tengan acceso a condiciones seguras.
El pasado 10 de mayo, el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó la ley 1718, centrada en inmigracino en el estado y que pide ahora chequear los requisitos de empleo, que los los hospitales pregunten por estatus migratorio en hospitales que aceptan Medicaid y destinar $12 millones de dólares para “programa de transporte de extranjeros”.
La medida que permitía al gobierno de los Estados Unidos rechazar y expulsar a los solicitantes de asilo, también conocida como el Título 42, llega su fin el 11 de mayo. Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute (MPI por sus siglas en inglés), explica qué cambia y qué se sabe de los cambios.
Los hogares encabezados por inmigrantes representan solo el 17 por ciento de la población de la ciudad, pero constituyen el 21 por ciento de los hogares que ganan por debajo del “costo de vida real”, utilizado como base para el informe.
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