Si no existieran barreras para acceder a la vacuna, entonces no habría necesidad de ser creativos para que personas de color, indígenas, afroamericanos o comunidades vulnerables accedan a la vacuna, dicen los defensores.

¿Cuál es la probabilidad para que en un día en el cual se vacunaron a 89 personas contra el COVID-19 tres personas no lleguen a sus respectivas citas entre las nueve de la mañana y la una de la tarde?

Si eres Rosa Silva, muy alta. Rosa tiene 66 años y tras una frustrante semana buscando una cita en línea para vacunarse, el sábado 6 de marzo decidió ir, ponerse en lista de espera y esperar en Community Healthcare Network, el centro de salud comunitario que la atiende a ella y su marido, Edison Silva, con quien está casada hace 40 años.

Ese sábado, el centro Community Healthcare Network se dedicó a vacunar personas y no se prestaron otros servicios. Todo esto hace parte de los esfuerzos y de la estrategia especial que tienen desarrollada algunos centros comunitarios de la ciudad para que más personas de color y de bajos ingresos se vacunen en la ciudad, en donde datos preliminares muestran una disparidad de vacunación entre personas de color. Sin embargo, un recorte presupuestal por la administración del gobernador Andrew Cuomo podría recortar parte del presupuesto de los centros de salud comunitarios y así frenar los esfuerzos para diversificar la vacunación.

“Lo que encontramos útil”, explica Robert Hayes, director ejecutivo de Community Healthcare Network, “por ejemplo, es trasladar la vacunación a las iglesias los fines de semana, construir un grado de confianza que, combinado con la confianza en los centros de salud de la comunidad, ayuda”, dice por teléfono.

Rosa no sabía que ese sábado había ese tipo de jornada de vacunación especial justamente en el centro de salud a pocas cuadras de su casa. Así que luego de preguntar por las vacunas e incluir su nombre en la lista de espera, “al rato me dijeron, tenemos dos. Llame a su marido”.

Rosa llamó a su marido y su marido llegó con Elsa, su suegra, con quien han estado viviendo desde que empezó la pandemia. “Ella [Elsa] vivía sola en Brooklyn y no la podíamos dejar allá en medio de esto”, dice Elsa sentada mientras espera a ver si alguien que ha programado la cita no se presenta.

A las 11:30 de la mañana dos personas no se habían presentado a sus citas y Rosa pensó que lo mejor sería cederle el puesto de vacunación a su suegra quien en los próximos días cumplirá 90 años. Un buen regalo de cumpleaños pensó Rosa.

Hacia el mediodía, vacunaron a Elsa y Edison. Luego los pasaron a la sala de observación por 15 minutos.

Afuera, en un sala intermedia entre la zona de vacunación y el hall principal, Rosa hablaba de cómo la pandemia le había cambiado su vida. “Antes trabajaba de lunes a viernes limpiando oficinas. Yo establecía mi propio horario. Tenía mis propios clientes. Era independiente, sabes. Ahora trabajo un día o medio día por semana. Todos mis clientes se fueron. Algunos regresaron este año y con ellos he vuelto a trabajar”, dice Rosa.

Hacia la una de la tarde le confirmaron a Rosa que una tercera persona no se había presentado. Ella tomó ese puesto. Esas fueron las tres personas que no asistieron a sus citas ese día. Sin embargo, muchas personas que son elegibles para la vacuna no corren con la misma suerte que tuvo Rosa.

Si se es indígena en Nueva York, por ejemplo, también existen problemas de accesibilidad a la vacuna. “1 de 4 indígenas urbanos vive en una zona del Servicio de Salud Indígena (Indian Health Service, IHS por sus siglas en inglés)”, dice Ariel Richer, directora de investigación y defensa de Urban Indigenous Collective (Colectivo Indígena Urbano).

Darby Galligher, tiene 24 años, pertenece a la tribu Miami de Oklahoma y estudia una maestría en salud pública. Según las directrices del estado de Nueva York Galligher no es elegible para la vacuna, pero sí lo es en un IHS.

“Llamé, hablé con ellos, hice un registro”, dice Galligher por teléfono. Ella cuenta que no hay un sistema en línea para programar la vacunación y se debe llamar. Luego de varias semanas de espera, su cita fue agendada para marzo 28 en el IHS de Mashpee Wampanoag en Massachusetts, a más de cuatro horas desde Nueva York.

“La ciudad de Nueva York”, que acoge según Galligher a más de 100.000 indígenas americanos y nativos de Alaska, “no tiene un IHS”.

Para Hayes, “las desigualdades en materia de salud son muy desafiantes”, especialmente dice “para las personas más pobres y de color”. 

Y con el cambio presupuestal propuesto, no solo las personas de color encontrarían barreras sino también los centros de salud comunitarios que prestan servicios de atención en áreas subatendidas o vulnerables en la ciudad.

Tanto centros de salud comunitarios (CHC por siglas en inglés), como los centros de salud que reciben fondos del Programa de Centros de Salud de la HRSA para prestar servicios (FQHC por sus siglas en inglés) están pidiendo revertir los cambios al presupuesto conocidos como el New York State Medicaid Carve-Out (traspaso de prescripción de drogas). 

Con este cambio al programa de precios de medicamentos 340B los proveedores de salud no podrían seguir comprando los medicamentos que los pacientes necesitan directamente a una compañía farmacéutica, para luego recibir un reembolso a precio de mercado que les permite estirar los escasos recursos federales para llegar a más pacientes elegibles y proporcionar servicios más completos. Estos FQHC pueden ser centros de salud comunitarios, centros de salud para migrantes, o centros de salud para personas sin hogar o centros de salud para residentes de viviendas públicas.

“Piensa en nosotros como una boutique [una pequeña empresa que ofrece servicios o productos especializados]”, dice Hayes. “Somos una boutique, estamos tratando de ampliar y reforzar un servicio”.

Pero el Departamento de Salud del estado argumenta que el cambio traerá unos $87 millones en ahorro, poder de negociación al estar centralizado y visibilidad sobre los costos de los medicamentos recetados. Pero los centros comunitarios opinan que perderían presupuesto de funcionamiento.

El centro de salud donde Rosa se vacunó, dejaría de recibir entre $5 y $8 millones de dólares anuales si se aprueba, dice Hayes, “eso es el 10 por ciento de nuestro presupuesto”.

Otros centros de salud comunitarios como Housing Works usan parte de esos fondos para crear y fortalecer las relaciones con la comunidad que sirven, dice Jaron Benjamin, vicepresidente del departamento de promoción de la movilización comunitaria.

Para Benjamin es contradictorio que el departamento de salud envíe una carta en febrero de 2021 en la cual reconoce la importancia de los centros de salud, pero tiene planeado un recorte para estos centros que podría empezar en mayo de 2021.

“El estado de Nueva York comenzó a vacunar contra COVID-19 con el asesoramiento de un grupo de trabajo sobre equidad en las vacunas. Rápidamente nos dimos cuenta de que teníamos que tomar medidas intencionadas y culturalmente sensibles para llegar a los neoyorquinos BIPOC (afroamericanos, indígenas y personas de color). Uno de los enfoques es la asociación con los centros de salud comunitarios, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) y otros para abrir sitios de vacunación masiva en las comunidades BIPOC”, dice la carta del Departamento de Salud.

La directora ejecutiva del centro comunitario de Harlem United, Jacquelyn Kilmer, explica por teléfono que el tiempo que su personal médico dedica en educar, llamar, escuchar las preocupaciones, los miedos, combatir el estigma en torno a la vacuna, “todo ese tiempo, el tiempo del personal, de los médicos en esa actividad no es facturable. El [programa] 340B nos ayuda a cubrir el coste operativo del tiempo que dedicamos realmente a hacer que la vacuna tenga éxito”.

Según Kilmer, Harlem United perdería entre $1.5 y $2 millones de dólares anuales si se aprueba el cambio. Ella, como muchos otros líderes de centros comunitarios de la ciudad, cree que “son realmente los centros de salud comunitarios los que pueden hacer que este programa de vacunas tenga éxito. El estado [de Nueva York] nos necesita para que tenga éxito”, dice. 

Si no existieran barreras para acceder a la vacuna, entonces no habría necesidad de ser creativos para que personas de color, indígenas, afroamericanos o comunidades vulnerables accedan a la vacuna, dicen los defensores. 

Benjamin cree el problema de la falta de vacunación entre comunidades de color no es un problmea de desconfianza o recelo a la vacuna, si no un problema de acceso a ella. Contrario al recorte presupuestal propuesto por el estado, los centros comunitarios quisieran recibir fondos para doblar el número de personas vacunadas en estos centros y así, en centros como Housing Works se podría vacunar a más de las 100 personas que se vacunan por día actualmente.

Para tener una imagen clara sobre qué tipo de poblaciones se está vacunando y se ha vacunado en la ciudad, defensores como Anthony Feliciano, director de Commission on the Public’s Health System (Comisión del Sistema Público de Salud) y miembro de People Of Color Health Justice Campaign (Campaña de Justicia Sanitaria para personas de color) están pidiendo que se incluya información sobre raza y etnia en los datos de vacunación. “Si no sabemos quién está enfermo o quién no está vacunado, no podemos orientar y adaptar las intervenciones a los que corren más riesgo y se enfrentan a disparidades”, dice Feliciano. 

Sin esta información, dice Feliciano durante una rueda de prensa, es como si los datos de vacunación fueran “colorblind”, es decir, no reconcieran diferencias raciales y/o étnicas.

Esta semana justamente La Community Health Care Association of New York State (Asociación de Asistencia Sanitaria Comunitaria del Estado de Nueva York) está desarrollando una “semana por la abogacía“ de forma virtual pidiendo que que se reviertan los cambios del programa de precios de medicamentos 340B.