Hay regulaciones en inmigración que se pueden revertir de la misma forma como fueron impuestas, pero hay algunos cambios que tomarían varios meses o incluso un año por esta vía.

Durante la administración de Trump se notó una obsesión sin igual en cuanto a inmigración y por eso se han logrado más de 400 cambios durante sus cuatro años de gobierno. Ahora, el presidente electo Joe Biden ha prometido revertir muchos de estos cambios en sus primeros 100 días de gobierno, pero más allá de esta promesa ¿cuáles son los cambios realistas que puede hacer durante este periodo en temas de inmigración?

En julio, por ejemplo, una de las conclusiones de un estudio sobre el recuento de los cambios en inmigración durante la administración Trump del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute) decía que simplemente anular los cientos de cambios requeriría una enorme inversión financiera, de personal y burocrática.

“Por lo tanto, cualquiera que sea el resultado de la elección, parece probable que muchos de los cambios en la política y en el discurso político en torno a la inmigración que han surgido desde 2017 es probable que sigan dando forma al sistema de inmigración de los Estados Unidos en los próximos años”, concluía el informe.

Biden puede firmar órdenes ejecutivas para revertir las órdenes ejecutivas firmadas por Trump, o los jefes de sus agencias pueden emitir memorandos para anular las regulaciones anteriores. Sin embargo, algunos cambios podrían tardar más tiempo en revertirse debido a los largos procesos burocráticos, o si se presentan impugnaciones legales, así que aquí analizamos el camino que podrían tomar algunos de estos cambios.

Primeras sorpresas

Poco a poco y a medida que el equipo de transición de Joe Biden da más detalles han salido a la luz adelantos sobre algunas de las reformas en inmigración.

Por ejemplo, Biden parece que va a imponer algún tipo de moratoria a la deportación de 100 días una vez que asuma el cargo, según lo reportó Camilo Montoya-Galvez de CBS News. Este es un detalle importante pues como City Limits reportó en octubre, esta acción no está incluida en su plan de gobierno.

Si se considera que durante el verano la administración Trump deportó personas de centros de detención donde había casos positivos de COVID-19, entonces este cambio en inmigración también resultaría en un medida para frenar la propagación del virus por fuera de las fronteras del país.

Además, como lo describe CBS, esta pausa en las deportaciones también serviría como un momento para reevaluar las prioridades de ICE para tal vez volver a lo que existía antes y así restablecer el esquema de prioridades escalonadas que existió durante la administración de Obama, en el cual se enfocaban en la aplicación de la ley a dos grupos clave: la deportación de personas condenadas por delitos graves y los recién llegados por medio de cruces de frontera no autorizados. Pero esto está aún por definirse y de lograrse sería un cambio sustancial frente a lo que la administración Trump ha hecho de deportar más indiscriminadamente y, recientemente, de forma expedita.

Los primeros 100 días

El lunes 16 de noviembre, la organización Kids in Need of Defense (KIND, por sus siglas en inglés), que busca garantizar los derechos y el bienestar de los niños que migran solos, hizo una rueda de prensa para detallar los pasos concretos que necesitaría la administración Biden para deshacer algunas de las políticas de inmigración de la administración Trump, incluyendo aquellas que tienen como objetivo a los niños no acompañados.

Dos días después, el miércoles 18, el juez federal Emmet Sullivan emitió un recurso preliminar impidiendo que los niños que buscan seguridad en los Estados Unidos sean devueltos en la frontera entre los Estados Unidos y México antes de que tengan la oportunidad de hacer su reclamo de protección.

“El fallo deja claro que la administración Trump utilizó ilegalmente la pandemia COVID-19 como excusa para llevar a cabo su programa antiinmigración y para eludir el derecho nacional e internacional. Esta política es contraria al compromiso de larga data de nuestra nación de proteger a los refugiados, incluyendo a los niños no acompañados en movimiento, y el tribunal lo ordenó correctamente”, respondió en un comunicado la organización KIND luego de la noticia.

Desde marzo de este año, cuando se emitió la declaración de emergencia llamada Título 42 (o Title 42) que citaba la pandemia como motivo para impedir la permanencia en el país de personas que cruzaban la frontera, al menos 8.000 niños no acompañados se han expulsado y unas 147.000 personas.

Además, durante la rueda de prensa la organización pidió que se detenga la separación de las familias, lograr reunir a las familias que fueron separadas, poner fin al Título 42 y a los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) y que se conoce comúnmente como “permanecer en México”.

Sobre ponerle fin al Título 42, Biden aún no ha dicho directamente si seguirá tratando de expulsar a los inmigrantes bajo la autoridad de la salud pública o no.

Entre las otras demanda que está haciendo la organización están: asegurar que todos los niños no acompañados en los procedimientos de inmigración tengan derecho a un abogados, la creación de un cargo en la Casa Blanca dedicado al bienestar y el acceso a la protección legal de los niños no acompañados y refugiados ayudando así a asegurar que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Refugee Resettlement, ORR por sus siglas en inglés) opere con la independencia necesaria de los componentes de la aplicación de la ley.

DACA y TPS

El presidente electo Biden ha sido claro en que quiere restaurar y expandir DACA y revisará las terminaciones de la administración Trump del TPS. “También ha prometido proporcionar TPS a los venezolanos”, agrega Jessica Bolter, analista de política de inmigración y refugiados en el Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute).

Bolter además cree que ahora que una corte federal ha restaurado DACA a su pleno alcance (y que hasta el momento no se han visto nuevas demandas), entonces “presumiblemente el enfoque de Biden estaría en el TPS y en un camino a la ciudadanía para los inmigrantes no autorizados en general, que ha prometido enviar al congreso el primer día”.

Para Leezia Dhalla, directora de prensa de la organización FWD.us “el camino a seguir debe comenzar con la creación de una vía bien definida hacia la ciudadanía para los DACA, los titulares del TPS y los 11 millones de inmigrantes indocumentados”.

Administraciones pasadas han evitado ocuparse de la población de inmigrantes no autorizados, resalta Bolter,  “y hace tiempo que ha dejado de ofrecer protección a esta población, en particular a los que han estado en los Estados Unidos durante largos períodos de tiempo —alrededor del 60 por ciento de los no autorizados han estado en el país durante un década o más—”.

Sin embargo, hacer que se apruebe una ley que abra la vía hacia la ciudadanía de las personas indocumentadas parece ser la ley que tenga menos respaldo en el caso de que los votantes elijan una mayoría republicana en el senado ya que probablemente se volvería a repetir el bloqueo que se ha visto durante administraciones anteriores.

Uno de los problemas de una administración Biden bajo una mayoría republicana en el senado es que probablemente los cambios en inmigración tengan que tomarse mediante la acción ejecutiva y así depender de cada mandatario respaldarlos o rechazarlos.

“Un senado de mayoría republicana no cambia la urgente necesidad de un sistema de inmigración que sea justo y humano, y que mantenga lo mejor de lo que América puede ser. Una vez más, esto comienza con un camino bien definido hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Los estadounidenses apoyan abrumadoramente un camino a la ciudadanía por un margen de más de 2:1”, escribe Dhalla.

Si este llega a ser el escenario político para la administración Biden, hay múltiples cambios que se pueden hacer en inmigración a través de órdenes ejecutivas. Básicamente, “los cambios más fáciles de hacer son los que pueden hacer el presidente o los jefes de sus agencias, sin pasar por el proceso de elaboración de reglas”, escribe Bolter por correo electrónico.

Por ejemplo, sería sencillo para el presidente electo Biden desmantelar el Travel Ban, detener la construcción del muro fronterizo, detener los fondos del departamento de defensa que se utilizan para el mismo, y reducir las prioridades de ICE para volver al esquema de prioridades escalonadas que existió durante la administración de Obama, “ya que eso es algo que se puede hacer a través de un memo de política dentro del DHS”, explica Bolter.

Los cambios más complicados

“Casi cualquier política hecha mediante una regulación requeriría de la misma para deshacerse”, dice Bolter. Así que los cambios hechos mediante órdenes ejecutivas pueden revertirse de la misma manera. Sin embargo, hay cambios un poco más complicados.

Según Bolter, la regla de la carga pública sería uno de ellos porque el proceso es largo: la nueva administración presenta una nueva regla, esta debe pasar por un período de notificación y comentarios, luego se responden a todos los comentarios, se presenta la versión actualizada y todo este proceso puede tomar meses o incluso un año.

También será complicado revertir los cambios de política en la frontera como los MPP (“permanecer en México”), los acuerdos de cooperación en materia de asilo con los países de América Central y la orden del CDC que permite que los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente o que llegan sin los documentos adecuados sean expulsados inmediatamente del país. 

En el caso de los MPP, por ejemplo, una de las preguntas sin resolver es ¿qué pasaría con los más de 16.000 individuos que actualmente o anteriormente han estado inscritos?

“Algunos han sugerido que se ponga en libertad condicional en los Estados Unidos a los que están esperando en México actualmente”, dice Bolter, “pero también está la cuestión de si se puede hacer algo por las personas que pueden haber abandonado sus casos o que se les ha negado, ¿podría la administración Biden incluso localizar a estas personas? Hay mucho que está en el aire relacionado con el fin del MPP”.

Pueden parecer pocos los días que le restan a la administración Trump, sin embargo, si los cuatro años anteriores sirven para proyectar sus últimos días, esto quiere decir que habrá cambios en asuntos de inmigración hasta el último momento. 

“La administración Trump tiene muchos cambios de políticas y regulaciones en trámite que continuará promulgando hasta el final de la administración. Recientemente, por ejemplo, la administración cambió la prueba de naturalización para alargarla y exigir respuestas más correctas de los solicitantes”, dice Bolter.

Una vez más, estas regulaciones pueden ser revertidas por la misma vía y aquellas que aún están en la etapa de propuesta, pueden ser fácilmente detenidas por la administración entrante.