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Si hay una cifra que ilustra el esfuerzo sistemático de la administración Trump por desmantelar el sistema migratorio son los más de 400 cambios que ha hecho en los casi cuatro años de su gobierno.

“El enfoque en inmigración no tiene precedentes”, dice Jessica Bolter, analista de política de inmigración y refugiados en el Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute).

En comparación con anteriores administraciones el gobierno de Trump ha superado de lejos otras administraciones en su esfuerzo por transformar la política de inmigración y por este motivo es que el más reciente informe del Migration Policy Institute, concluye que “simplemente anular cada uno de los cientos de cambios catalogados en este informe requeriría una enorme inversión financiera, de personal y burocrática. Por lo tanto, cualquiera que sea el resultado de la elección, parece probable que muchos de los cambios en la política y en el discurso político en torno a la inmigración que han surgido desde 2017 es probable que sigan dando forma al sistema de inmigración de los Estados Unidos en los próximos años”.

“Lo que se puede identificar como rasgo único de esta administración”, dice Bolter, quien fue una de las autoras del compendio, “es que inmigración ha sido un tema central para Trump, tanto antes de postularse como ahora de presidente. No hemos visto a un presidente tan centrado en inmigración y tampoco que le dedicara la cantidad de tiempo y recursos para cambiar las leyes de inmigración, eso es algo único en esta administración”.

El nivel de obsesión y de adicción al trabajo en temas de inmigración también hacen única a la administración Trump. Cuando otros gobiernos han enfrentado crisis, los presidentes tienden a centrar sus esfuerzos en respuestas a la crisis y los temas de inmigración se dejan de lado, o pasan a un segundo o tercer plano. Esto no ha ocurrido durante la administración Trump.

“Esta administración ha sido única en dar prioridad a los cambios de política de inmigración, incluso durante la pandemia”, dice Bolter. Así que en lugar de desviar la atención de la administración hacia la grave crisis económica y/o la crisis de salud pública en todo el país, la pandemia en cambio potencializó la agenda de inmigración. En nombre de la pandemia se dio la oportunidad “para lograr unilateralmente objetivos de política que pocos predijeron que fueran posibles”, dice el informe.

Reformas en medio de la pandemia

Durante los meses de la pandemia la administración Trump implementó 63 reformas en temas de inmigración, incluyendo algunas de las acciones más osadas hasta la fecha, como la invocación de un estatuto de salud pública de 1944 que le permite expulsar a los solicitantes de asilo sin escuchar primero sus demandas. También ha amenazado con sancionar a países que no aceptan las deportaciones de personas que han sido contagiadas con COVID-19.

Según el informe, tres acciones particulares le permitieron a esta administración lograr las metas por las que había estado trabajando en años anteriores. La primera vino muy pronto durante la pandemia, en marzo, cuando el director del CDC emitió una orden para suspender la llegada “de ciertas personas de países en los que existe un brote de una enfermedad contagiosa”. Esto cerró de forma efectiva la posibilidad de solicitar asilo para quienes llegaban a la frontera sur de los Estados Unidos y así la administración Trump logró en una sola movida lo que había venido trabajando por dos años: haciendo más difícil y reduciendo los criterios de elegibilidad de asilo.

Luego de esto vino la reforma del 22 abril suspendiendo la expedición de visados a personas fuera de los Estados Unidos que fueran padres, hijos adultos y hermanos de ciudadanos estadounidenses o cónyuges de residentes permanentes o de ganadores de la visa de diversidad o a casi todos los tipos de inmigrantes por motivos de empleo. Esto “reflejaba los intentos anteriores de la administración de convencer al congreso de limitar la migración familiar, ya que el 80 por ciento de los inmigrantes bloqueados provienen de categorías basadas en la familia”, dice el informe. 

La tercera estocada vino cuando la administración frenó la lotería de visas de diversidad, otro de los programas que la administración había querido anular. 

Todos estos cambios fueron implementados rápidamente durante la pandemia. Al mismo tiempo, al interior del país, la administración de Trump ha prolongado al máximo los mecanismos para perseguir y adelantar deportaciones. Por ejemplo, ICE continúo operaciones durante la pandemia, los centros de detención tuvieron brotes de COVID-19 y aún varios de ellos presentan nuevos casos cada semana. Además, los tribunales de inmigración también continuaron con sus operaciones durante la pandemia, a pesar de que jueces de inmigración, abogados y fiscales de ICE pidieran cerrar los tribunales.

Número de cambios sorprendente, impactos monumentales 

No solo el número de los cambios ha sido monumental y sin precedentes, sino también el impacto que esto ha tenido en las vidas de los inmigrantes y en las instituciones que trabajan temas migratorios. 

“Mientras que los brazos ejecutores del sistema de inmigración de los Estados Unidos han seguido adelante a través de la pandemia, el USCIS suspendió temporalmente los servicios en persona y dejó a los inmigrantes legales en los Estados Unidos con opciones limitadas”, señala el informe.

Por ejemplo, la oficina de USCIS se negó a dar prórrogas automáticas a los visitantes temporales lo cual puso a muchos de ellos en un incómodo limbo mientras los días de visado disminuían y la amenaza de pasar a una estadía ilegal se acercaba.

Dentro de todo el maremágnum de cambios migratorios que ha logrado la administración Trump, para Bolter la prioridad de prioridades en inmigración han sido dos: frenar la inmigración por la frontera sur del país y cerrar las posibilidades a las personas que buscan refugio.

Sobre la frontera sur, por ejemplo, las detenciones en el año fiscal 2019 alcanzaron el número más alto en 12 años, 851.508 detenidos, la mayoría de estas detenciones fueron realizadas durante los meses de primavera y verano. “A partir de junio de 2019, las detenciones mensuales cayeron bruscamente. Para enero de 2020, las detenciones habían disminuido por octavo mes consecutivo, el tramo más largo de disminución de detenciones desde abril-diciembre de 2008”, dice Bolter.

Por otro lado, la administración Trump planea admitir un máximo de 18.000 refugiados en el año fiscal 2020, muy por debajo del tope de 30.000 en el que terminó el 30 de septiembre de 2019. “Este sería el número más bajo de refugiados reasentados en los Estados Unidos en un solo año desde 1980, cuando el congreso creó el programa nacional de reasentamiento de refugiados,” dice el Pew Research Center.

La gran mayoría de estos cambios en inmigración se han logrado mediante acciones ejecutivas, es decir, pasando por alto el congreso. Sin embargo, en las pocas ocasiones donde el congreso ha sido consultado este ha respaldado a la administración, como ocurrió en la contratación de 65 oficiales adicionales para el grupo de investigaciones de seguridad nacional, HSI por sus siglas en inglés, de ICE.

El congreso solo ha rechazado formalmente tres políticas de inmigración propuestas por la administración Trump. La primera ocurrió con los dos bloqueos de la declaración de emergencia del presidente para la financiación del muro, que el presidente vetó en ambas ocasiones. La segunda fue restringir que ICE usara información sobre los patrocinadores de niños no acompañados. La tercera fue revertir una política de USCIS que hacía más difícil que los hijos de militares estadounidenses nacidos en el extranjero recibieran la ciudadanía.

Para los cientos de otros cambios hechos por la administración Trump, como resalta el informe, “el congreso ha guardado silencio”.