El pasado 27 de julio una coalición de organizaciones que defienden a los inmigrantes pidieron a los gobernadores Andrew Cuomo, de Nueva York, y Phil Murphy, de Nueva Jersey, que terminaran la renovación y/o modificación de contratos que existe entre los gobiernos locales y el gobierno federal o cualquier agencia federal con el fin de detener a los inmigrantes.

Esta petición viene luego de que los propietarios del centro de detención de Elizabeth, el grupo privado Elberon Development Group, anunciara los planes para cortar los lazos con la empresa de detención CoreCivic el pasado 15 de julio. Esto quiere decir que el futuro del centro de detención es incierto por lo que aún no se sabe cuándo terminará la relación entre CoreCivic y Elberon, ni cuándo se desocupará el edificio de la calle Evans o si ICE buscará otro centro de detención en Nueva Jersey.

Esta serie de demandas son el resultado de brotes de casos de COVID-19 que se presentaron en los centros de detención del estado de Nueva Jersey y de Nueva York en meses pasados.

“Después de que más de una docena de personas contrajeron el virus en la prisión y un empleado de CoreCivic falleció, American Friends Service Committee, Immigrant Defense Project, NYU Immigrant Rights Clinic, y Faegre Drinker Biddle & Reath LLP se asociaron con personas detenidas en Elizabeth para presentar una demanda exigiendo su liberación,” dice el comunicado de prensa circulado por la coalición de organizaciones el 15 de julio.

En el centro de detención de Elizabeth, Nueva Jersey, por ejemplo, uno de sus detenidos, Héctor García Mendoza presentó una demanda colectiva contra ICE y su contratista, CoreCivic, argumentando que los 114 detenidos estaban en peligro mortal a menos que fueran liberados de inmediato. Cuatro días después García Mendoza fue deportado a México.

“Aproximadamente 80 personas permanecen atrapadas en el centro [detención de Elizabeth] sin ventanas, según los últimos documentos legales que ICE presentó en el caso, el cual está pendiente ante la Jueza Esther Salas en el Distrito de Nueva Jersey”, describe el comunicado.

En 2019, las terribles condiciones en el centro de detención de Elizabeth llevaron a varios miembros del congreso, incluido el congresista de Nueva Jersey Frank Pallone, a visitar las instalaciones, pero desde entonces, no ha habido ninguna acción por parte del gobierno para mejorar las condiciones de los detenidos.

Por estas razones y por la falta de protecciones en este centro de detención, miembros de la familia de inmigrantes encarcelados en Nueva Jersey, líderes religiosos, defensores de inmigrantes, activistas políticos y organizaciones de justicia social se han unido para protestar en coches parqueados al frente o rodeando el centro de detención, mientras pitan con el fin de reclamar la liberación de los detenidos.

Entre las organizaciones que conforman la coalición se incluyen el Queer Detainee Empowerment Project, Pax Christi New Jersey, Doctors for Camp Closures, Freedom For Immigrants, North New Jersey DSA, entre otras. 

Esta coalición también exige la suspensión de traslados de detenidos entre las distintas instalaciones alrededor del país ya que esta medida ha contribuido a la propagación del virus entre los distintos centros de detención al interior del país, así como a la propagación por fuera de los Estados Unidos con la deportación de detenidos.

Otra de las demandas por parte de esta organizaciones es poner fin a toda comunicación, intercambio de información y colaboración entre los agentes de la ley, los funcionarios de los tribunales y los centros penitenciarios en los estados de Nueva York y Nueva Jersey.

“Es difícil obtener un número exacto de la cantidad de personas detenidas por inmigración en Nueva York y Nueva Jersey”, escribe por correo electrónico la organización Freedom For Immigrants, una de las organizaciones que hace parte de la coalición y que además mantiene una base de datos sobre el número de detenidos en el país. Se estima que el número de inmigrantes detenidos en los dos estados es de aproximadamente 700 personas.