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El lunes 8 de junio, en el día número 100 de la epidemia del coronavirus, la ciudad de Nueva York comenzó la primera fase de las cuatro fases de reapertura. Los grupos de defensores de la vivienda y de los pequeños negocios siguen evaluando el daño causado por la crisis que está lejos de haber terminado para los inquilinos que están sin trabajo y los negocios que siguen cerrados o hambrientos de clientes.

En los últimos cuatro meses, los legisladores de la ciudad y del estado han introducido, en varios casos aprobado, leyes que podrían ayudar a los inquilinos, los propietarios y a los pequeños negocios. Por mucho que la reapertura sea una prueba de si los neoyorquinos pueden evitar una segunda oleada de enfermedades, también revelará si las medidas tomadas hasta ahora son toda la ayuda que se necesita.

Lo que está en juego

Según un reciente análisis del NYU Furman Center, los neoyorquinos dependen en gran medida de los fondos estatales y federales para pagar el alquiler y sin la ayuda para el alquiler muchos hogares de bajos ingresos no podrán pagar la próxima renta.

La ley federal CARES (por sus siglas en inglés) ofrece cierta protección a los inquilinos que perdieron sus ingresos debido a COVID-19 y que reclaman asistencia del estado a través del seguro de desempleo (UI, por sus siglas en inglés). Los neoyorquinos que solicitan los beneficios de desempleo del estado obtienen beneficios mejorados por la ley CARES que aprobó $600 dólares adicionales por semana

“Sin embargo, sin los beneficios mejorados, la escala de asistencia para el alquiler mensual necesaria para ayudar a los hogares con bajos ingresos puede alcanzar entre 391 y 516 millones de dólares al mes a partir de agosto, dependiendo de la tasa de recuperación de empleo”, encontró Furman. “Además, un subconjunto de hogares que quedan fuera de los programas de asistencia de la ley CARES pueden tener una necesidad de alquiler acumulada de unos $475 millones de dólares entre marzo y julio. Una parte desproporcionada de los trabajadores en riesgo de inestabilidad de vivienda y de falta de pago son afroamericanos e hispanos, como se evidencia en la tasa de sobre-representación en ocupaciones que han enfrentado las mayores tasas de pérdida de empleo”.

Los $600 dólares adicionales por semana se conocen como la compensación federal de desempleo por pandemia en la ley CARES y expiran el 31 de julio de este año. 

“Así que la semana después de agosto 1, los hogares que recibían cientos de dólares extra a la semana ya no van a recibirlos”, dijo Matthew Murphy, el director ejecutivo del NYU Furman Center. “Y ahí es donde decimos, este es un precipicio que se acerca y es realmente muy dramático”. Murphy dice que los republicanos de Washington D.C. quieren poner fin a los beneficios mejorados en lugar de ampliarlos en el próximo proyecto de ley relacionado con el coronavirus. 

Actualmente en el estado de Nueva York hay una moratoria de desalojo y ejecución de hipotecas para inquilinos y propietarios residenciales y comerciales. El departamento de servicios financieros del estado está autorizado para proporcionar ayuda hipotecaria de 90 días a los prestatarios de hipotecas afectados por la crisis. Esa ayuda incluye una exención del pago de la hipoteca, un bloqueo en la presentación de reportes negativos a las oficinas de crédito, un período de gracia para la modificación del préstamo. Además no se aplican cargos por pagos atrasados ni cargos por pagos en línea, y el aplazamiento o la suspensión de las ejecuciones hipotecarias. En cuanto a los arrendatarios, el estado también ha prohibido los pagos tardíos o las tasas por incumplimiento de los pagos de alquiler durante la moratoria de desalojo y ha permitido que los arrendatarios que se enfrentan a dificultades financieras debido a COVID-19 utilicen su depósito de garantía como pago y que con el paso del tiempo devuelvan su depósito de garantía.

Políticas de vivienda: lo que se ha aprobado

A nivel de la ciudad, un proyecto de ley promulgado el mes pasado, Intro 1936-A, patrocinado por el concejal Ritchie Torres y el presidente de la cámara de representantes Corey Johnson, amplía la definición de acoso a los inquilinos para incluir las amenazas contra un individuo basadas en su condición de persona impactada por COVID-19, su condición de empleado esencial, o si recibieron una concesión de alquiler o de indulgencia. Los infractores serán castigados con una pena civil de $2.000 a $10.000 dólares.

En el senado estatal un conjunto de proyectos de ley de vivienda está esperando la firma del gobernador Andrew Cuomo. La ley de emergencia de alivio de renta, S8419, patrocinada por el senador Brian Kavanagh, que dirigirá inmediatamente $100 millones de dólares del fondo federal de alivio del coronavirus hacia vouchers de alquiler de emergencia para ayudar a algunos de los inquilinos más necesitados. Este proyecto de ley es un primer paso clave para satisfacer la necesidad mucho mayor de asistencia de alquiler para un grupo más amplio de inquilinos en todo el estado —pero sólo es un primer paso—.

Otro proyecto de ley para inquilinos, S8192B, patrocinado por el senador Brad Hoylman, evita permanentemente que el alquiler no pagado que se acumuló durante la emergencia de COVID-19 sea la base para el desalojo de cualquier inquilino que haya experimentado dificultades durante la emergencia.

Para los propietarios de viviendas donde residen personas mayores o en situación de discapacidad, el S8122B, patrocinado por el senador Leroy Comrie, amplía el plazo para la presentación de solicitudes nuevas y para la renovación de los programas de reducción de impuestos sobre bienes inmuebles, como el programa de exención de propietarios de viviendas para personas mayores. Este proyecto de ley ha sido firmado por el gobernador Cuomo.

Políticas de vivienda: lo que está pendiente

En el consejo de la ciudad, la concejala Margaret Chin planea a finales de este mes introducir legislación que requerirá que el departamento de finanzas de la ciudad ofrezca acuerdos de aplazamiento en la responsabilidad del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles con un valor tasado superior a $250.000 dólares, de ciertos propietarios afectados por COVID-19. El defensor público Jumaane Williams ha co-patrocinado esta legislación. 

En el capitolio del estado, el senado está considerando el S8243C, patrocinado por Kavanagh, que extendería el período de tiempo en el que se vencen los pagos de indulgencia hipotecaria, para las hipotecas emitidas o atendidas por instituciones reguladas por el estado de Nueva York. Esto dará a los prestatarios la opción de diferir sus pagos hasta el final del plazo del préstamo, o extender los pagos diferidos a lo largo de la vida del préstamo. El interés y los cargos por mora se eximen durante el período de indulgencia.

Otro proyecto de ley, el S8138B, patrocinado por la senadora Mónica Martínez, permitirá que las localidades y los distritos escolares difieran ciertos impuestos, incluidos los impuestos sobre la propiedad, durante una emergencia declarada de desastre estatal.

Por último, un proyecto de ley para propietarios e inquilinos, S8113A, patrocinado por el senador Kevin Parker, colocaría un moratorio a las compañías de servicios públicos que terminan sus servicios durante períodos de pandemias y/o estados de emergencia.

¿Ayuda para pequeños negocios?

Durante un reciente panel de discusión del Center for an Urban Future, los defensores discutieron algunos de los obstáculos que enfrentan los propietarios de pequeños negocios, como por ejemplo solicitar el programa de protección de cheques federales (PPP, por sus siglas en inglés), inscribirse en los programas de asistencia de la ciudad o recuperar su negocio a medida que el estado y la ciudad avanzan en la reapertura.  

En Harlem, Tren’ness Woods-Black, vicepresidente del restaurante Sylvia’s, dijo durante el panel que una de las cosas más difíciles para ella fue entregar el último de los cheques de pago antes de que cerraran. Mohamed Attia, del proyecto de vendedores ambulantes, dijo que estaba preocupado por los vendedores ambulantes que no califican para la mayoría de los beneficios financieros públicos debido a su estatus migratorio, así como por los riesgos que enfrentan por ser negocios esenciales.

Los políticos tienen más que hacer en las próximas semanas para asegurar que “la recuperación económica de la ciudad sea inclusiva y equitativa”, dijo el portavoz del Centro para el Futuro Urbano en un correo electrónico. “Un paso claro debería ser el apoyo a las empresas propiedad de minorías e inmigrantes de la ciudad, que han sido desproporcionadamente devastadas por la pandemia del coronavirus”.

Los defensores dijeron que la ciudad estaba mostrando iniciativa pero que también debería considerar otras opciones como abrir las calles y los espacios públicos para el comercio, habilitar calles, aceras, plazas e incluso parques públicos a los restaurantes locales, comerciantes minoristas y vendedores ambulantes. Además, garantizar que los programas del gobierno lleguen a los negocios que son propiedad de minorías e inmigrantes, asociándose con las instituciones financieras de desarrollo comunitario y otras organizaciones de base comunitaria. Proporcionar alivio de los alquileres comerciales, presionar a los organismos de la ciudad, a la agencia federal para el manejo de emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), a los hospitales y a las universidades para que compren a los negocios locales, ayudar a los pequeños negocios a acceder a los auxilios que ya existen e incluir a los vendedores ambulantes en los planes de recuperación.

Una serie de programas y propuestas

El mes pasado el consejo de la ciudad votó por un paquete de cinco proyectos de ley que protegerían a los pequeños negocios afectados por la pandemia del coronavirus. El alcalde firmó esos proyectos de ley el 26 de mayo. La primera ley limita la cantidad de comisiones que un servicio de domicilio, como Seamless o Caviar, puede cobrar a un máximo de 15 por ciento por pedido para la entrega y un 5 por ciento por pedido para otros tipos de cargos. Los infractores podrían estar sujetos a penas civiles de hasta $1.000 dólares por restaurante por día. Este proyecto de ley permanecería en vigor mientras dure cualquier estado de emergencia y 90 días adicionales después de que termine la crisis.

La segunda ley impediría que las plataformas de entrega de domicilios cobren a los restaurantes por pedidos telefónicos que no resulten en una transacción exitosa. Otra ley suspende los cargos de los cafés de las aceras en los cinco distritos durante la pandemia. 

La cuarta ley protegerá a los inquilinos comerciales impactados por COVID-19 contra el acoso a los negocios. Los infractores estarán sujetos a ser castigados por acoso, lo que se castiga con una pena civil de $10.000 a $50.000 dólares. Otra ley similar evitaría que los arrendadores comerciales se responsabilicen de los propietarios de pequeños negocios y de sus bienes personales, suspendiendo temporalmente las disposiciones de responsabilidad personal en los contratos de arrendamiento de las empresas afectadas por COVID-19.

La última ley requeriría que la administración municipal publique una lista de licencias, permisos, consentimientos o registros no cubiertos por la prórroga de renovación de la orden de estado de emergencia del alcalde de Blasio (Orden Ejecutiva 107).

El estado también ha introducido un programa, New York Forward Loan Fund, para ayudar a los pequeños negocios, centrándose en negocios que son propiedad de minorías y mujeres que no recibieron asistencia federal por COVID-19. El programa cuenta con $100 millones de dólares que se distribuirán a las empresas con 20 o menos empleados; los préstamos pueden oscilar entre $500 y $100.000 dólares y se pondrán a disposición de pequeños negocios, pequeños propietarios y organizaciones sin fines de lucro que hayan sufrido una pérdida de ingresos o ganancias y que se enfrenten a obstáculos para re-abrir dado que tiene que asumir gastos a fin de cumplir con las nuevas directrices de seguridad. El proceso de solicitud comenzó el 26 de mayo. 

En el senado estatal un conjunto de proyectos de ley de vivienda han pasado recientemente por el senado y la asamblea estatal y/o están esperando la firma de Cuomo. Dos proyectos de ley del senado han sido aprobados y están esperando el voto de la asamblea, S.7350 y S.7355A, ambos requieren que las agencias estatales y federales creen canales más fáciles de información y asistencia para los pequeños negocios.

Esperando la acción de la asamblea está el proyecto de ley, S.7357, patrocinado por la senadora Anna Kaplan, que ordenaría a cinco agencias estatales, (departamentos de agricultura y mercados, conservación del medio ambiente, transporte, trabajo e impuestos y finanzas) que designen un enlace para pequeños negocios para que sirva como el contacto principal para aquellos negocios que buscan interactuar con la agencia. También se necesita un voto de la asamblea para la S.2839A, que requeriría que el estado recopile reportes adicionales sobre los posibles efectos negativos que las nuevas normas o reglamentos podrían tener sobre los puestos de trabajo y las oportunidades de empleo. Otro proyecto de ley que está esperando acción de parte de la asamblea es la guía de cumplimiento del pequeño negocio, S.6800A, patrocinado por el senador Jen Metzger, requeriría que ESD provea una guía anual de cumplimiento para los pequeños negocios en la que se describan varias reglas, regulaciones y leyes.

El senado también ha aprobado otro programa de financiación, el fondo rotatorio regional para pequeños negocios (S.844A, patrocinado por el senador Brian Benjamin), que proporcionaría préstamos para microempresas y refinanciaría los préstamos existentes, y está a la espera de la acción de la asamblea. El proyecto de ley Excelsior vinculado al límite del programa de depósito (S.6165, patrocinado por el senador James Sanders Jr.) aumentaría el límite de por vida de la cantidad total de dinero que un prestatario puede pedir prestada en el marco del programa Excelsior Linked Deposit (ELDP por sus siglas en inglés) de $2 millones de dólares a $5 millones de dólares. El ELDP ayuda a las empresas existentes a acceder a la financiación de tasa reducida y las empresas que cumplen los requisitos pueden obtener préstamos de bancos comerciales, cajas de ahorro, asociaciones de ahorro y préstamo, instituciones de crédito agrícola y de la corporación de desarrollo empresarial de Nueva York. Este proyecto de ley también está a la espera de que la Asamblea estatal tome medidas. 

Por último, el proyecto de ley de servicios de prevención del delito para pequeños negocios, S.7123, patrocinado por la senadora Roxanne Persaud, crearía un programa de servicios de prevención del delito para pequeños negocios con el fin de proporcionar a los pequeños negocios recursos para prevenir los delitos que afectan a este tipo de empresas. Este proyecto de ley está a la espera de que la asamblea estatal tome medidas.

Traducido por Daniel Parra