En 2021, el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés) emitió 350 multas a vendedores ambulantes por venta sin licencia, representando el 45.9 por ciento de multas totales en el año. Este año ya van 22 multas por el mismo motivo, es decir, el 12.8 por ciento de multas totales.

Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Daniel Parra. Read the English version here.

Los vendedores ambulantes de Nueva York realizaron una rueda de prensa el lunes seguida de una huelga de 24 horas frente a la oficina de la gobernadora Kathy Hochul en el centro de Manhattan. Pedían que la gobernadora apoye y legalice la venta ambulante a través de un proyecto de ley que se está siendo estudiado en Albany a medida que se acerca el plazo del presupuesto estatal.

El proyecto de ley, S1175 / A5081 reconfiguraría el sector de la venta ambulante en Nueva York exigiendo a la creación y adopción de un programa de regulación de los vendedores que eliminaría el actual límite del número de licencias, que según los críticos ha penalizado durante años a los vendedores que no pueden conseguir una licencia para operar legalmente. Mientras que otra legislación aprobada por el Concejo en 2021 (Intro 1116) amplió el número de licencias de vendedores que la ciudad puede ofrecer en unos pocos cientos al año, la propuesta estatal iría más allá al prohibir a la ciudad restringir esa cantidad para “asegurarse de que todos los vendedores ambulantes tengan licencia”, según dice el proyecto de ley.

“El Concejo Municipal tardó siete años en aprobar la Intro 1116”, dijo el director del Proyecto de Vendedores Ambulantes (Street Vendor Project), Mohamed Attia, refiriéndose al proyecto de ley del Consejo Municipal del año pasado, que tuvo una versión más antigua que se introdujo por primera vez bajo el liderazgo de la ex presidenta del Concejo, Melissa Mark-Viverito. Los organizadores lanzaron por primera vez su campaña “Lift the Caps” (Levantar los límites) en 2014, añadió. Además, la ley del Concejo tampoco abordaba el límite impuesto para vendedores generales y no abría una vía para que cualquiera se convirtiera en un vendedor ambulante legal, dijo.

Además de formalizar otras normas para el sector —incluyendo impuestos, normas y reglamentos, y la formación necesaria para obtener una licencia— la legislación estatal anularía las condenas anteriores por delitos de venta ambulante. Este último punto cambiaría la vida de los miles de inmigrantes que forman parte de los casi 20.000 empresarios de la venta ambulante que trabajan en la ciudad de Nueva York, ya que una citación penal de la policía de Nueva York puede tener consecuencias negativas para los casos de inmigración de los vendedores. 

Los jueces de inmigración podrían considerar los arrestos/citaciones anteriores por cosas como la venta sin licencia o sin permiso como parte de su discreción en la concesión del estatus de inmigración, explicaron los defensores. En 2021, la policía de Nueva York emitió 41 citaciones judiciales por delitos relacionados con la venta, según datos de la ciudad.

La legislación, presentada por la senadora estatal Jessica Ramos y la asambleísta Jessica González-Rojas, también requeriría que la supervisión reguladora sea dada por una agencia civil. En la ciudad, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (Department of Consumer and Worker Protection o DCWP por sus siglas en inglés) se hizo cargo de las funciones de inspección y control de los vendedores ambulantes que anteriormente realizaba la policía de Nueva York hace más de un año, aunque la policía sigue participando en algunos casos y sigue poniendo multas, según reporta de City Limits.

Mercado negro de licencias generales

Las reformas para los vendedores ambulantes de Nueva York deberían haberse llevado a cabo hace mucho tiempo, afirman los defensores y los vendedores, especialmente en la ciudad de Nueva York, donde este variado sector ha operado durante mucho tiempo en la sombra debido a los estrictos límites del número de vendedores que pueden operar legalmente.

“Hace cuatro décadas, un límite arbitrario en la concesión de licencias comerciales transformó a los negocios más pequeños de Nueva York en delincuentes. Ahora, cuando el estado de Nueva York se adentra en un periodo de recuperación económica, debemos incorporar a nuestros negocios más pequeños —los vendedores ambulantes— a la economía formalizada y, por fin, a la posibilidad de acceder a la concesión de licencias comerciales”, dijo Attia.

En 1979, la ciudad implantó un límite en el número de licencias para mercancías generales y permisos de vendedores ambulantes de comida en la ciudad. Los defensores dicen que esto creó un sistema punitivo en el que los vendedores se veían obligados o a alquilar un permiso en el mercado negro o a vender sin permiso porque no había suficientes permisos para satisfacer la demanda.

Cuatro décadas después, actualmente solo hay 853 licencias disponibles para vendedores generales no veteranos y una lista de espera de 12.000 neoyorquinos. Los vendedores generales pueden vender o alquilar bienes o servicios que no sean alimentos o los artículos vendidos por los vendedores ambulantes protegidos por la primera enmienda (quienes venden periódicos, revistas, CDs, libros y arte). La única excepción al límite impuesto hace décadas es para determinados veteranos residentes en el Estado de Nueva York, o sus cónyuges o parejas.

La demanda por licencias para vendedores ambulantes es tan desproporcionada, explican los defensores, que la propia lista de espera lleva casi una década cerrada a nuevas solicitudes. Cuando se reabrió brevemente en 1993, se añadieron a ella más de 5.000 neoyorquinos. En 2016, la lista de espera se reabrió durante menos de un mes y casi 10.000 neoyorquinos la solicitaron.

Anhelados permisos para vendedores ambulantes de comida

El caso de los vendedores ambulantes de comida es bastante similar. De acuerdo con las normas de la ciudad, están obligados a tener tanto una licencia como un permiso del Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH por sus siglas en inglés) de la ciudad. Esto significa que los vendedores ambulantes de comida deben aprobar un curso de protección de alimentos de la Academia de Salud del DOHMH, tener un Certificado de Autoridad del Estado de Nueva York para recaudar el impuesto sobre las ventas y respetar en todo momento las normas de citación y de seguridad alimentaria. Muchos vendedores tienen licencias de vendedor de comida ambulante, ya que no hay límite para ellas, pero como se trata de una licencia que tiene dos partes, miles de vendedores de comida en la calle carecen del ansiado permiso.

En total hay 2.800 permisos para toda la ciuda; 100 permisos exclusivos para para veteranos discapacitados, personas discapacitadas y veteranos no discapacitados; y 200 permisos específicos para cada distrito (hasta 50 permisos disponibles para cada distrito que no sea Manhattan), válidos para un periodo de dos años cada uno. También hay 1.000 permisos estacionales para toda la ciudad (válidos de abril a octubre de cada año) y 1.000 permisos para carros verdes (para frutas y verduras). Según el Proyecto de Vendedores Ambulantes, 5.884 personas están en la lista de espera para adquirir un permiso de vendedor ambulante de alimentos desde el 2016 y la lista de espera ha estado cerrada desde 2007.

“No podemos tener una recuperación en la ciudad y el estado de Nueva York que excluya a los vendedores ambulantes de esa recuperación”, dijo la asambleísta Jessica González-Rojas, principal patrocinadora del proyecto de ley en la Asamblea. Hasta el 8 de marzo, otros 26 asambleístas han firmado como patrocinadores. “Actualmente estamos presionando para que se incluya en el presupuesto del Estado de Nueva York y hemos cosechado mucho apoyo de los asambleístas que quieren ver la industria formalizada, regulada y despenalizada”.

En 2021, por ejemplo, el 45.9 por ciento (350 multas) de las 762 infracciones se emitieron por venta ambulante sin licencia, según los datos del DCWP. Este año ya van 22 multas por el mismo motivo, representando el 12.8 por ciento de multas.

City Limits informó previamente que las multas contra los vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York por parte tanto del DCWP como de la policía en 2021 superaron ligeramente el número de multas totales emitidas por el NYPD antes de la crisis de COVID-19: 1.621 multas en 2021 en comparación con 1.609 citaciones civiles y penales emitidas en 2019.

“Ellos [los vendedores ambulantes] son empresarios y no merecen ser criminalizados ni el aumento de multas que se ha producido. Si bien la ciudad de Nueva York aprobó una legislación para reducir el límite de los permisos es claro que hay que hacer más”, añadió González-Rojas. 

Llamado para incluirlo en el presupuesto estatal

Pero es probable que su proyecto de ley se enfrente a la oposición, al igual que lo vio la ley del Concejo aprobada el año pasado —que hacía reformas mucho más modestas que las que propone el proyecto estatal— y provocó la ira de algunos, incluidos los grupos empresariales e inmobiliarios de la ciudad. “Con la excepción de los vendedores ambulantes, ¿quién en esta ciudad está pidiendo más venta ambulante, más negocios realizados en la calle, más humo de cocina, más camiones de cocina y camiones estacionados ilegalmente, más aglomeración en las aceras, preocupaciones sanitarias?” dijo Michele Birnbaum, copresidenta del comité de vendedores de la Junta Comunitaria 8 de Manhattan, en oposición al proyecto de ley del Concejo en 2019, según una transcripción de la audiencia. 

“Duplicar el número de carros de comida, muchos de los cuales usan activamente y emiten humo que recorren manzanas… limitará aún más las perspectivas de que prosperen los restaurantes”, declaró en la misma audiencia Matthew Bauer, presidente de la organización Madison Avenue Business Improvement.

Si se aprueba el proyecto de ley estatal, todos los vendedores ambulantes (vendedores generales, vendedores ambulantes de comida y vendedores protegidos por la primera enmienda) deberán obtener un Certificado de Autoridad del Estado para recaudar el impuesto sobre las ventas. La ciudad de Nueva York podría obtener beneficios de esos ingresos, así como de las tasas anuales de $100 dólares por la licencia; $1.000 dólares por la licencia de supervisión, que debe renovarse cada dos años; y $200 dólares anuales por la licencia para los vendedores generales.

La propuesta estatal adoptaría el mismo enfoque que la ley del Concejo Municipal del año pasado, que establece el uso de “licencias de supervisión”. Su objetivo es cerrar gradualmente el mercado clandestino de permisos mediante la creación de un nuevo sistema que conectará la licencia a un individuo, en lugar del carro o camión de comida, por lo que el titular de la licencia de supervisión debe estar presente en todo momento en el carro/camión.

Con la aprobación de la ley Intro 1116 en 2021, todos los permisos actuales de los vendedores de alimentos cambiarán a un nuevo sistema de licencia de supervisión en julio de 2032, por lo que necesitarán tanto la licencia de vendedor de alimentos móviles como la licencia de supervisión. A partir de julio, 400 nuevas licencias de supervisión estarán disponibles para los vendedores en la lista de espera existente que han tenido una licencia de vendedor de comida móvil desde 2017. 

Mientras tanto, los vendedores de la ciudad que actualmente poseen y operan camiones o carros de comida con permisos existentes o alquilados continuarán con el sistema actual hasta que “el permiso no sea renovado; el permiso sea revocado, o sea julio de 2032”, explicó la directora adjunta del Proyecto de Vendedores Ambulantes, Carina Kaufman-Gutierrez.

“Cada vez que un permiso de comida móvil actual no se renueve o se revoca, se transferirá al nuevo sistema de licencias de supervisión y se distribuirá a alguien en la lista de espera”, añadió.

La ley municipal también mantendrá intactas las actuales restricciones de ubicación sobre los lugares donde pueden operar los vendedores. “Las restricciones de ubicación en realidad se aplicarán más porque una vez que los vendedores tienen la licencia y la propiedad del negocio, están incentivados a seguir las normas y reglamentos de citación con el fin de mantener la propiedad del permiso, de lo contrario se arriesgan a multas y a la posible revocación del permiso por violaciones repetidas”. 

De hecho, la ciudad de Nueva York cuenta con normas y reglamentos detallados para designar el tiempo, el lugar y la forma en que los vendedores pueden llevar su negocio.

Un análisis del impacto fiscal del proyecto de ley estatal realizado por el NYC Street Vendor Justice Coalition muestra que si solo el 60 por ciento de todos los vendedores de mercancías generales (aproximadamente 7.200) que están en la lista de espera actual solicitan una licencia de vendedor general y se registran en el estado con el fin de recaudar el impuesto sobre las ventas, podría tener un impacto en los ingresos anuales del orden de $15 a $20 millones de dólares (la estimación más baja corresponde a una economía post-pandemia y la más alta a la actividad comercial pre-pandemia).

Si todos los vendedores de mercancía general que actualmente están en la lista de espera solicitan una licencia de vendedor general, podría suponer entre $25 y $33 millones de dólares.

Los defensores y los legisladores están presionando para que se asigne una suma inicial de $19 millones de dólares en el presupuesto estatal de este año para garantizar una supervisión y divulgación adecuadas en el primer año de aplicación de la ley. Estos fondos cubrirían principalmente los costes administrativos relacionados con el cumplimiento de las leyes de venta de la ciudad existentes, así como los esfuerzos de divulgación y educación.

Un portavoz de la senadora estatal Jessica Ramos, principal patrocinadora del proyecto de ley de vendedores ambulantes en el Senado, dijo que está trabajando para incluir el lenguaje legislativo y la financiación para ayudar a implementar el proceso de concesión de licencias.

“Una vez que el programa esté completamente implementado, se anticipa que los ingresos anuales tanto para la ciudad como para el estado superarán con creces el coste inicial de la implementación”, dijo Kaufman-Gutierrez.