Organizaciones de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes, presentaron una demanda federal en nombre de varios particulares y de la Farmworker Association de Florida contra la nueva ley estatal SB 1718 centrada en inmigración de Florida.

El pasado 17 de julio organizaciones de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes, entre ellas —Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, presentaron una demanda federal en nombre de varios particulares y de la Farmworker Association de Florida contra la nueva ley estatal SB 1718 centrada en inmigración.

La demanda se centra en el artículo 10 de esta ley de inmigración en Florida, que penaliza el transporte de personas indocumentadas al estado, argumentando falta de claridad en la ley, ya que, según la demanda, es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y además someta a castigos penales.

Si bien la ley impone sanciones penales a la persona que transporte a un inmigrante que ‘haya entrado en Estados Unidos violando la ley y no haya sido inspeccionado por el gobierno federal desde su entrada ilegal”, el lenguaje usado en la ley no tiene en cuenta que “muchas personas que entraron en el país violando la ley federal de inmigración han solicitado u obtenido desde entonces un alivio migratorio o se encuentran ahora legalmente en Estados Unidos” dice la demanda.

Según la ley 1718 de Florida las autoridades pueden acusar a alguien de tráfico de personas si transportan a sabiendas a un inmigrante indocumentado a través de las fronteras estatales, al mismo tiempo que prohíbe que un inmigrante indocumentado conduzca un coche aunque tenga una licencia de conducir de otro estado.

Desde el pasado 10 de mayo, el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó la ley que afecta no solo a la población indocumentada del estado sino también a los residentes del estado y aquellos inmigrantes indocumentados que vayan a viajar a Florida. La ley entró en vigor en el estado el 1 de julio y dado el impacto que ha generado, algunos representantes locales republicanos están tratando de frenar un posible éxodo de inmigrantes resaltando los “vacíos legales” de la legislación.

Así que para hablar sobre los motivos y las bases de la demanda contra la ley en Florida, invitamos a Anne Janet Hernandez Anderson, abogada supervisora del proyecto de justicia para los inmigrantes del Southern Poverty Law Center, una de las organizaciones en la demanda.

Más detalles en nuestra conversación a continuación.

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