Siete organizaciones de trabajadores han compilado una base de datos sobre el robo de salarios durante la pandemia por un total de $130.5 millones de dólares adeudados a los trabajadores. Una versión preliminar de estos datos ha sido compartida con City Limits.

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Los problemas sistémicos requieren seguimiento sistemático: esa es la mentalidad de varios grupos de defensa de los derechos de los trabajadores neoyorquinos que han estado recopilando datos sobre los casos de robo de salarios denunciados tanto a sus organizaciones como al Departamento de Trabajo (DOL por sus siglas en inglés) desde que comenzó la pandemia. Según estos grupos, lo adeudado asciende a un total de $130.5 millones de dólares.

Las organizaciones —Queen City Workers’ Center, Flushing Workers Center, Don Bosco Workers Inc., The National Mobilization Against Sweatshops, Laundry Workers Center, Chinese Staff and Workers Association y The New Immigrant Community Empowerment— han estado recopilando datos tanto de los casos que denuncian directamente al DOL como aquellos que gestionan internamente para recuperar los salarios de los trabajadores.

Sus datos cobijan a los trabajadores que, según ellos, aún no han recuperado sus salarios.  Cinco de las siete organizaciones proporcionaron información de 2020 a 2022. En conjunto, los grupos contabilizaron un total de 1.698 denuncias de robo salarial, de las cuales más del 70 por ciento se presentaron durante el año pasado, representando a miles de trabajadores.

Solo la Chinese Staff and Workers Association (CSWA por sus siglas en inglés) dice haber presentado 850 casos de salarios impagados ante el DOL en nombre de cuidadores a domicilio de Nueva York en 2022. Según los cálculos de CSWA, el dinero adeudado a estos trabajadores asciende a más de $100 millones de dólares. La National Mobilization Against Sweatshops (NMASS por sus siglas en inglés), otra organización que compartió sus datos, presentó más de 50 casos ante el DOL en 2022, un aumento del 30 por ciento con respecto a 2021. Los datos preliminares de solo siete grupos eclipsan los casi $3 millones en recuperaciones que la gobernadora Kathy Hochul presumió de haber recaudado para las víctimas de robo de salarios el año pasado.

Las siete organizaciones de trabajadores recopilaron estos datos tras varios años de lucha para que los trabajadores recuperen sus salarios, una batalla que puede resultar cuesta arriba, incluso cuando los tribunales fallan a favor de los trabajadores. Estos grupos forman parte de la coalición Securing Wages Earned Against Theft (SWEAT por sus siglas en inglés), que ha venido impulsando políticas más estrictas de recuperación salarial junto con organizaciones de base, centros de trabajadores, proveedores de servicios jurídicos y defensores.

“Incluso cuando los trabajadores presentan y ganan casos de robo de salario, es difícil recuperar lo pedido en la sentencia”, dijo la asambleísta Linda Rosenthal, quien patrocinó el proyecto de ley Securing Wages Earned Against Theft (SWEAT) en Albany. “Los empleadores sin escrúpulos han seguido durante mucho tiempo el mismo guión: no pagar los salarios de sus empleados, declararse en quiebra, disolver su negocio o esconderse detrás de una serie de oscuras Sociedades de Responsabilidad Limitada [LLC por sus siglas en inglés] para frustrar el cobro. Los trabajadores conocen la dificultad de recuperar sus salarios robados, por lo que muchos no presentan denuncia”, dijo.

El proyecto de ley SWEAT protegería a los trabajadores contra el robo de salarios dándoles la posibilidad de embargar los bienes de su empleador si no han cobrado los salarios ganados, incluso si el empleador quiebra o se declara en bancarrota.

“Cuando los trabajadores reclaman ante los tribunales los salarios impagados o robados”, explicó la asambleísta Linda Rosenthal, “los empresarios suelen aprovecharse de los meses o años que se tarda en obtener una sentencia y utilizan ese tiempo para transferir dinero de sus cuentas bancarias, declararse en quiebra, ocultar propiedades y activos a nombre de familiares, cerrar negocios solo para abrirlos de nuevo con un nuevo nombre y crear sociedades ficticias para eludir la responsabilidad”.

El robo de salarios puede adoptar muchas formas: horas extraordinarias e infracciones de horarios, impago del salario mínimo, deducciones ilegales, clasificación errónea de los empleados, entre otras. Y afecta de forma desproporcionada a inmigrantes, personas de color, mujeres y trabajadores con bajos ingresos.

Afecta a “la construcción, la hostelería, los restaurantes, los salones de manicura y el trabajo doméstico: cualquier sector con una alta concentración de trabajadores inmigrantes o con salarios bajos que pueden desconocer sus derechos o temer recurrir a ellos debido a su situación migratoria”, explicó Astrid Aune, directora de comunicaciones de la senadora por Queens Jessica Ramos, promotora del proyecto de ley SWEAT en el Senado estatal.

Diferentes versiones del proyecto de ley se han propuesto en la legislatura estatal durante años, avanzando en comités e incluso han sido aprobadas por los legisladores, pero no lograron convertirse en ley. En 2020, por ejemplo, el entonces gobernador Andrew Cuomo vetó la legislación citando “preocupaciones sobre el debido proceso”. En 2021, el proyecto de ley SWEAT fue aprobado por la Asamblea (donde también había sido aprobado en 2016 y 2019), pero no por el Senado.

Una nueva versión del proyecto de ley ya fue reintroducido en ambas cámaras este año (A46/S1977). “Estaré trabajando para aprobarlo en la Asamblea una vez más para que pueda llegar al escritorio del gobernador Hochul”, dijo Rosenthal, y agregó que los períodos de crisis y mayor desempleo hacen que los trabajadores de bajos salarios sean más susceptibles al robo de salarios.

“Durante la recesión del país en 2007-2009, estos trabajadores perdieron una media del 20 por ciento de su salario por hora debido a violaciones del salario mínimo y no sería sorprendente que ocurriera lo mismo durante el apogeo de la pandemia del COVID-19”, afirmó la legisladora.

El Departamento de Trabajo (DOL) no respondió a las preguntas de City Limits sobre el número de casos de robo de salarios que tramitó durante la pandemia, dirigiendo las consultas a su oficina de Libertad de Información. Solo dijeron que recientemente han añadido investigadores para trabajar en casos de robo de salarios, aunque no especificaron cuántos. 

En julio, la gobernadora Hochul anunció una campaña estatal contra el robo de salarios que incluía la puesta en marcha de una línea telefónica directa y un sistema en línea para que los trabajadores puedan denunciar las infracciones. La asambleísta Latoya Joyner, presidenta del Comité de Trabajo en la Asamblea, también ha instado al DOL a “mejorar la transparencia mediante la creación de una única base de datos de búsqueda para todas las denuncias de robo de salarios que reciben el DOL y los fiscales locales”. Tal herramienta aún no existe, lo que dificulta a los legisladores abordar adecuadamente el problema, dicen los defensores. 

Varios de los grupos de trabajadores que han estado haciendo un seguimiento interno de los casos han observado un aumento de las personas que denuncian el robo de salarios.

“Vimos un gran aumento de trabajadores que denunciaron en 2022”, dijo Jihye Song, organizadora de NMASS, en un correo electrónico. “Esto no significa necesariamente que hubiera más robos de salarios en 2022 (los trabajadores que se presentaron ese año informaron que sus salarios también habían sido robados los años anteriores), sino que habla de la mayor voluntad de los trabajadores de luchar contra este sistema de explotación”. 

La New Immigrant Community Empowerment (NICE por sus siglas en inglés), una organización de trabajadores que atiende sobre todo a trabajadores de construcción, de restaurantes, del servicio doméstico y de limpieza, dijo que solo en 2022 gestionó 530 casos de robo de salarios, por un total de algo más de un millón de dólares adeudados, la mayoría de ellos procedentes de peticiones de trabajadores de la construcción.

En los últimos años, NICE también ha observado un aumento constante: 357 casos en 2018; 377 casos en 2019; 410 casos en 2020; y 503 casos en 2021. “Vimos un aumento al principio de la pandemia”, dijo Sara Feldman, directora de derechos de los trabajadores del grupo, aunque ella también fue cautelosa a la hora de hacer generalizaciones del asunto. “Más gente oyó hablar de nosotros durante la pandemia, más gente vino y más hablaron”. 

Tres de las siete organizaciones trabajan principalmente con trabajadores de asistencia sanitaria a domicilio, por lo que la gran mayoría de sus casos estaban relacionados con este sector, que el año pasado libró batallas a nivel estatal y local para aumentar los salarios de los trabajadores e ilegalizar los turnos de 24 horas. Estos grupos —CSWA, NMASS y Flushing Workers Center— afirman haber tramitado reclamaciones por un total de $128 millones de dólares adeudados a los trabajadores en 2022.

Según los siete grupos, la cantidad acumulada de dinero adeudado a los trabajadores en todas las organizaciones que aún no se ha recuperado creció de $12 millones en 2020 a $130.5 millones en 2022. 

“Como se puede ver, la cantidad adeudada aumenta exponencialmente cada año sin [el proyecto de ley] SWEAT como ley”, dijo la codirectora ejecutiva de Laundry Workers Center, Rosanna Rodríguez.

Dado que el robo de salarios afecta de manera desproporcionada a los trabajadores con salarios bajos que viven al día, el dinero adeudado puede significar la diferencia entre poder pagar las facturas o alimentar a sus familias, dicen los defensores y legisladores.

“El proceso que siguen los trabajadores para interponer recursos por robo de salario favorece enormemente a los empresarios que disponen de más tiempo y recursos”, afirmó Aune. “Esta es precisamente la razón por la que luchamos por SWEAT: los trabajadores necesitan medios para sentar a la mesa a los empresarios para resolver las denuncias por robo de salario”.