En los hogares encabezados por inmigrantes con niños, el 52 por ciento experimentó una carga financiera excesiva del alquiler en 2021, según un nuevo estudio, en comparación con el 48 por ciento de los hogares de ciudadanos con niños.

Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Daniel Parra.

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La pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las comunidades de color y a los inmigrantes de Nueva York en varios aspectos: perdieron más puestos de trabajo y murieron en mayor proporción a causa del COVID-19.

También fueron más propensos a sufrir una carga financiera excesiva del alquiler (destinando más del 30 por ciento de sus ingresos para pagar la renta) en comparación con los residentes blancos en 2021, según muestra un nuevo análisis de datos. Todo, mientras los precios de los alquileres se dispararon en toda la ciudad y la inflación aumentó más que los ingresos de muchas personas.

Más de un millón de hogares neoyorquinos sufrieron de esta carga financiera excesiva del alquiler el año pasado, según los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS por sus siglas en inglés) de la Oficina del Censo de EE.UU. analizados por Citizens’ Committee for Children (CCC por sus siglas en inglés, que es un financiador de City Limits). Los inmigrantes neoyorquinos, especialmente los que no son ciudadanos, son más propensos a experimentar esta carga financiera, según el análisis.

Entre los hogares encabezados por inmigrantes con niños, el 52 por ciento experimentó la carga financiera excesiva del alquiler en 2021, describe el estudio de CCC, en comparación con el 48 por ciento de los hogares con niños encabezados por neoyorquinos nacidos en el país. Los inmigrantes que no tienen la ciudadanía registraron específicamente las tasas más altas de hogares con esta carga financiera: 55 por ciento entre los que no tienen hijos y el 59 por ciento de los que tienen hijos.

Los hogares de inmigrantes que no son ciudadanos también tienen las tasas más altas de hacinamiento en la ciudad de Nueva York, siendo los latinos los que se enfrentan a las tasas más altas de hacinamiento entre los distintos grupos raciales, afirma el CCC en el análisis.

“Además de la falta de ingresos para costear los elevados alquileres de la ciudad de Nueva York, los inmigrantes se enfrentan a las barreras del idioma, la falta de historial crediticio, la falta de familiaridad con nuestro sistema de vivienda y la falta de acceso a opciones de vivienda asequible”, dijo Lucy Block, investigadora principal de datos de la Association for Neighborhood and Housing Development (ANHD por sus siglas en inglés). “Debido a estas realidades, los inmigrantes son más propensos a vivir en viviendas inseguras y/o superpobladas, lo que llevó a la rápida propagación del COVID en los densos barrios de inmigrantes al principio de la pandemia y a las recientes tragedias de muertes por inundación de sótanos“.

Desde que la moratoria estatal de desalojos expiró en enero, una cascada de peticiones de desalojos ha llegado a los tribunales de vivienda de la ciudad, donde ya había una gran pila de casos pendientes.

Los barrios con la mayor proporción de hogares con una carga financiera “severa” del alquiler (donde el alquiler constituye el 50 por ciento o más de los ingresos totales del hogar) en 2021 coincide con las zonas en las que se están presentando desalojos este año, lo que apunta a “una relación entre la incapacidad de pago de la vivienda y el potencial desalojo”, según el análisis de CCC.

“La pandemia no ha hecho más que agravar la crisis de la vivienda”, dijo por teléfono Alice Bufkin, directora ejecutiva asociada de política y defensa de CCC. “Los hogares hacinados, los inquilinos agobiados por los alquileres y el aumento de los precios de los mismos, todo ello, ha contribuido a la crisis que estamos viendo ahora”.

En enero de 2022 un informe de ANHD ya advertía sobre esas disparidades, y destacaba que los grupos raciales y étnicos que estaban atrasados en el alquiler durante la pandemia “reflejaban los patrones racializados de los casos de desalojo”. De la población que estaba atrasada en el pago del alquiler cuando la moratoria terminó a principios de año, el 35 por ciento eran residentes latinos y el 35 por ciento eran residentes negros, según el informe. Cuando se suman, las comunidades de color constituían el 85 por ciento de los neoyorquinos que estaban atrasados en el pago del alquiler en ese momento, a pesar de que solo representan el 44 por ciento de la población general.

El mes pasado, se reveló que menos del 10 por ciento de los inquilinos de la ciudad que se enfrentaban a un desalojo en septiembre pudieron acceder a un abogado en el tribunal de la vivienda, a pesar de que la ley de derecho a representación legal de la ciudad de 2017 habilita la representación gratuita para los inquilinos cuyo umbral de ingresos está por debajo del 200 por ciento del umbral federal de pobreza.

La situación se vuelve aún más grave para los inmigrantes en riesgo de desalojo, según Block, ya que no hay muchos abogados que hablen español, por no hablar de bengalí, mandarín, árabe, creole haitiano y los cientos de otros idiomas que hablan los neoyorquinos.

“Los inmigrantes tienen más probabilidades de enfrentarse a barreras lingüísticas que dificultan el conocimiento y la recepción de la representación legal a la que pueden tener derecho a través de la ley de derecho a representación legal, cuando ni siquiera hay suficientes abogados para representar a los inquilinos que hablan inglés”, dijo Block.

Información demográfica sobre quién tiene y no tiene representación en la corte no está disponible, dijo Block, aunque las tasas de representación por código postal, mapeadas el mes pasado por el sitio de noticias THE CITY, pueden dar algunas pistas. “Se pueden ver tasas de representación muy bajas en Elmhurst, Corona, Jackson Heights, Astoria, Jamaica, Southeast Queens e Inwood, todos los cuales tienen una gran población de inmigrantes”, añadió ella.

Los datos facilitados por la Oficina Estatal de Administración Judicial a la Housing Data Coalition (HDC por sus siglas en inglés) y mapeados por Right to Counsel NYC Coalition muestran que en dos de los códigos postales con más peticiones de desalojos por cada 1.000 unidades desde que comenzó la pandemia (10468 y 10453, ambos en el Bronx), más del 80 por ciento de la población es latina y el 40 por ciento es de origen extranjero. 

Los defensores de los derechos de los inmigrantes están impulsando políticas a nivel local y estatal para aliviar el impacto de la crisis de la vivienda. Por ejemplo, después de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunciara esta semana un paquete de reformas destinadas a ayudar a los neoyorquinos sin hogar a conseguir una vivienda permanente a través del programa de subsidios de alquiler City Family Homelessness and Eviction Prevention Supplement (CityFHEPS), los defensores de la vivienda y la inmigración se volcaron para pedir una mayor inclusión de los indocumentados y los solicitantes de asilo, que actualmente no pueden optar a los vales de ayuda para el alquiler.

“Si bien esta serie de reformas es necesaria y debería haberse llevado a cabo hace mucho tiempo, es solo un primer paso”, dijo Murad Awawdeh, director ejecutivo de New York Immigration Coalition (NYIC por sus siglas en inglés) en un comunicado. “La ciudad también debe hacer que estos programas, incluyendo una mayor expansión del programa CityFEPS, estén disponibles para todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, para dar a los solicitantes de asilo y otros una oportunidad real de construir nuevas vidas y de integrarse plenamente en nuestras comunidades.”

El otro paso que debería darse a nivel local, según Bufkin, es poner fin a la norma que exige que los solicitantes hayan pasado al menos 90 días en un albergue para poder optar al CityFHEPS.

A nivel estatal, estas organizaciones abogan por un aumento en la financiación del programa estatal de asistencia de emergencia para el alquiler (ERAP por sus siglas en inglés), para hacer frente a las más de 100.000 solicitudes pendientes; y presionan para que se aprueben proyectos de ley favorables a los inquilinos, como la puesta en marcha del Programa de Vales de Acceso a la Vivienda o HAVP por sus siglas en inglés, que proporcionaría ayuda para el alquiler a personas y familias de todo el estado que no tienen hogar o que se enfrentan a una pérdida inminente de la vivienda.

También piden que se apruebe una ley que recalcule los subsidios de vivienda del estado para que coincidan con el 100 por ciento del estándar de alquiler del mercado (Fair Market Rent Standard). Otro proyecto de ley que impulsan aumentaría las subvenciones de asistencia en efectivo para tener en cuenta la inflación (S9513); y un tercero que requiera que el estado ajuste anualmente el salario mínimo en un porcentaje basado en la inflación (S3062C).