Cientos de miles de hogares en todo el estado ya deben alquileres atrasados como resultado de la pandemia y se enfrentan al desalojo cuando las protecciones de la moratoria expiren el 15 de enero. El proyecto de ley de desalojo por causa justificada daría a los inquilinos el derecho a la renovación del contrato en la mayoría de los casos y evitaría que los propietarios pudieran desalojar a un inquilino sin una orden de un juez.

Este artículo apareció originalmente en inglés. Translated by Daniel Parra. Read the English version here. 

José Bejar y Patricia Bejar han vivido por 19 años en el primer piso de una casa para dos familias en Bayside, Queens. Han pagado el alquiler puntualmente cada mes, dicen ellos, incluso durante la pandemia, cuando el salario de José se redujo y la cuota mensual aumentó. Han tenido que comprar además su propia calefacción para el invierno, así como linóleo para la cocina, alfombra, nevera, y en agosto recibieron una carta del propietario pidiéndoles irse en 90 días.

En octubre, la familia Bejar decidió dejar de pagar renta, luchar contra el desalojo y exigir reparaciones: no tenían calefacción, las ventanas no sellaban, no tenían detector de monóxido de carbono, estufa y horno. El mes pasado, un juez de Queens ordenó al propietario que hiciera las reparaciones, sin embargo el inminente proceso de desalojo puede arrancar una vez que las protecciones estatales para los inquilinos expiren el 15 de enero. Y en las circunstancias actuales, los Bejar tienen pocas opciones porque los inquilinos de apartamentos no estabilizados, como los edificios con menos de seis unidades, no tienen derecho a un nuevo contrato de arrendamiento. Los propietarios pueden ordenar su salida, sin hacer preguntas.

“Estamos en el limbo. No sé qué va a pasar ahora”, dice Patricia Bejar.

Un proyecto de ley estatal que se podría traducir como “desalojo por causa justificada” (Good Cause Eviction bill) daría a los inquilinos como los Bejar el derecho a una renovación del contrato en la mayoría de los casos, limitaría los aumentos de alquiler de los inquilinos e impediría a los propietarios expulsar a un inquilino sin una orden de un juez, incluso si su contrato ha expirado o nunca ha tenido un contrato. De esta manera los propietarios tendrían que demostrar una “buena causa” (como la falta de pago) para echar a los inquilinos.

El proyecto de ley se ha convertido en una demanda clave para muchos defensores de los derechos de los inquilinos en Nueva York, mientras que por el otro lado, los grupos de propietarios han lanzado una agresiva campaña para acabar con la medida. Se trata de una de las luchas más destacadas a las que se enfrenta Albany en esta sesión legislativa: los demócratas progresistas quieren aprobarlo antes de que finalice la moratoria de desalojos de Nueva York el 15 de enero, y dos comités del Senado celebran hoy una audiencia sobre la medida.

Todavía no está claro si los líderes estatales y los funcionarios apoyarán el proyecto de ley. La fiscal general Letitia James y el vicegobernador Brian Benjamin han apoyado públicamente la idea, y la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, ha patrocinado una medida similar, pero el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y la gobernadora Kathy Hochul no lo han hecho.

Algunos influyentes defensores de los inquilinos y los legisladores creen que al no extender la moratoria de desalojo, Hochul y Heastie podrían ser más receptivos a este proyecto de ley.

José Béjar, un inmigrante ecuatoriano de 78 años, dice que la legislación le ayudaría a él y a su mujer a conservar su casa. “No tenemos un contrato de alquiler, pero puedo mostrarles el historial de mi cuenta bancaria y verán que pago mi alquiler con cheque”, dijo.

El dueño de la propiedad y el bufete de abogados que lo representa no respondieron a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas en busca de comentarios para este artículo. Sateesh Nori, el abogado principal de Queens en materia de vivienda de Legal Aid, dijo que había hablado con el propietario antes de contratar a un abogado y dijo que quería que los Bejar se fueran para poder vender la casa.

“Según la ley, no necesita ninguna razón”, dijo Nori. “La única razón que necesita es ‘no hay contrato de alquiler'”.

Nori afirma que los propietarios que quieren vender sus edificios pueden forzar la salida de los inquilinos para que las propiedades sean más atractivas para los compradores. En otros casos, los nuevos propietarios pueden aumentar bruscamente los alquileres o negar un nuevo contrato a sus inquilinos. Eso convierte a los inquilinos en víctimas de esas ventas de viviendas, dijo Nori. 

“No se puede desalojar a alguien por una decisión comercial”, añadió.

Aproximadamente la mitad de los apartamentos de la ciudad de Nueva York no están sujetos a las normas de estabilización de los alquileres y decenas de miles de ellos han sido retirados de las listas estabilizadas desde la década de 1990, lo que significa que esos inquilinos no tienen garantía de renovación del contrato y pueden sufrir drásticas subidas de alquileres.

Más de 152.000 apartamentos de alquiler estabilizado fueron desregulados entre 1993 hasta 2018 y justo antes de que las protecciones históricas para los inquilinos entraran en vigor en junio de 2019, los propietarios lograron eliminar otras 8.000 unidades de la estabilización de alquileres a través de aumentos de alquileres.

Los propietarios y sus representantes han luchado contra este proyecto de ley comparándolo con el control universal de los alquileres que despoja a los propietarios de sus derechos de propiedad. Los miembros del grupo de propietarios Small Property Owners of New York (SPONY por sus siglas en inglés) dicen que necesitan aumentar los alquileres para cubrir los costes de una hipoteca, el aumento de los impuestos sobre la propiedad y las facturas del agua.  

“El proyecto de ley de desalojo por causa justificada comprometería la capacidad de los pequeños propietarios de cubrir los costes básicos para proporcionar una vivienda segura y de calidad a los neoyorquinos, lo que en última instancia reducirá la oferta de viviendas de alquiler en un momento en el que lo que realmente necesitamos es más opciones de vivienda para la gente, no menos”, dijo Joanna Wong, una propietaria de Manhattan y miembro de SPONY.

“Los propietarios de pequeñas propiedades están jadeando por aire”, añadió Lincoln Eccles, quien es propietario en Brooklyn y también hace parte del grupo.

Sin embargo, los defensores del proyecto de ley afirman que los grandes propietarios corporativos son los mayores beneficiarios del acuerdo actual, que les permite hacerse con carteras de propiedades y elevar los alquileres o expulsar a los inquilinos. Un grupo de inquilinos de Brooklyn protestó en octubre para poner de manifiesto las acciones de su nuevo arrendador, la empresa Greenbrook Partners, que ha procedido a desalojar o a subir los alquileres a los residentes de sus nuevos edificios. 

Durante esa jornada, el senador estatal Brian Kavanagh, presidente de la comisión de vivienda del Senado estatal, dijo que el proyecto de ley impediría que los inversores se hicieran con los edificios y expulsaran a los inquilinos.

“No puedes ser desalojado de tu casa a menos que el propietario tenga una causa justificada para hacerlo. Es un concepto sencillo”, dijo Kavanagh. “Esta idea del desalojo con fines de lucro es algo relativamente nuevo en Nueva York en las últimas décadas. Muchas empresas de capital depredador han hecho sus pinitos en ella. Muchas se han vuelto sedientas de ese tipo de beneficio”.

El proyecto de ley podría ayudar a los inquilinos, sobre todo a los de bajos ingresos, en un momento precario en toda la ciudad de Nueva York ya que cientos de miles de hogares ya deben alquileres atrasados como consecuencia de la pandemia y se enfrentan al desalojo cuando las protecciones expiren el 15 de enero.

Este proyecto de ley no ayudaría a los inquilinos a pagar la renta pero evitaría que muchos inquilinos perdieran sus casas, alimentando aún más una posible crisis de falta de vivienda.

Un informe reciente de Community Service Society (CSS por sus siglas en inglés y que es un financiador de City Limits) descubrió que los alquileres siguieron aumentando para los neoyorquinos de bajos ingresos a pesar de la pandemia, contradiciendo la creencia popular de que los alquileres habían disminuido como resultado de la crisis. El informe, basado en una encuesta realizada a inquilinos de bajos ingresos, reveló que los alquileres aumentaron para el 43 por ciento de los que viven por debajo del umbral federal de pobreza y estos aumentos afectaron de forma desproporcionada a los inquilinos de color con bajos ingresos. Los precios mensuales aumentaron para el 49 por ciento de los inquilinos asiáticos y el 41 por ciento de los inquilinos afroamericanos y latinos, en comparación con el 32 por ciento de los inquilinos blancos, encontró el CSS.

En el caso de la familia Bejar, su alquiler pasó de $1.900 a $2.100 dólares en 2020. A pesar de que José había perdido su trabajo de tiempo completo y acababa de salir de una operación de rodilla, siguieron pagando.

“Incluso dejamos de comer, pero le pagamos el alquiler”, dijo José Bejar.

Pero este no es el caso para muchos neoyorquinos. En todo el estado, el 27 percent de los inquilinos de bajos ingresos “deben alquileres atrasados, siendo los inquilinos negros y latinos —en particular las mujeres— los que corren mayor riesgo”, señala el informe del CSS. 

El programa estatal de asistencia de emergencia para el alquiler (ERAP por sus siglas en inglés), diseñado para cubrir el alquiler atrasado de los neoyorquinos debido a la pandemia, no ha logrado cubrir alrededor de dos tercios de sus casi 300.000 solicitantes. Ya hay 192.000 solicitudes de desalojo por impago en los tribunales de vivienda, añade el informe del CSS.

Mientras tanto, el 36 por ciento de los encuestados de bajos ingresos y el 22 por ciento de los encuestados de ingresos moderados o altos informaron al CSS que estaban preocupados por perder su casa cuando la moratoria expire.

“Todos los indicios sugieren que si la moratoria de desalojo expira, los tribunales de vivienda se reabren y no se aprueban protecciones adicionales contra el desalojo y la reducción de los alquileres, los inquilinos de bajos ingresos y las comunidades de color serán los más afectados”, advierte el informe.

Aprobar este proyecto de ley está entre las recomendaciones del CSS para frenar la posible crisis de desalojos, así como la ley de derecho a representación legal en todo el estado y una moratoria de desalojos en invierno, como la que se aprobó en Seattle.

Una ley similar a lo que propone el proyecto de ley de “desalojo por causa justificada” ya existe en un puñado de ciudades en el estado de Nueva York, incluida Albany, que promulgó el año pasado una versión calcada de la ley estatal.

“El inquilino debe tener cierta protección”, dijo Nori. “Y ojalá se haga algo así en Albany, pero no lo sabemos. Tenemos la esperanza”.